Cómo afectará a las empresas la aplicación de la nueva Tasa de Residuos

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece que todos los municipios deben contar con una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributario (PPPNT) antes del 10 de abril de 2025.

Esta norma transpone al ordenamiento jurídico español las directrices de la Directiva 2008/98/CE, relativa a los residuos, modificada por la Directiva (UE) 2018/851, que impone a los Estados miembros de la Unión Europea la adopción de instrumentos económicos orientados a fomentar la prevención, reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, en línea con los principios de la economía circular.

En este contexto, la aplicación de la nueva ley introduce cambios sustanciales en la gestión municipal de los residuos, al imponer una financiación específica basada en el principio de “quien contamina paga”.

No obstante, la norma resulta escueta en su desarrollo técnico, lo que ha llevado a que cada Ayuntamiento haya interpretado y aplicado de forma diversa el mandato legal. En la práctica, muchas ordenanzas municipales aún no han adaptado plenamente sus criterios al principio de “pago por generación” exigido por la Ley 7/2022, lo que está provocando importantes disparidades entre municipios en la configuración y cuantificación de la tasa.

Esta falta de homogeneidad genera un impacto económico significativo para numerosas empresas, que soportan cargas fiscales diferentes en función del término municipal en el que desarrollan su actividad.

Un nuevo escenario que requiere análisis

A partir de 2025, con la aprobación de las respectivas ordenanzas, los Ayuntamientos deben emitir las liquidaciones de la tasa de manera individual.

En este escenario, las empresas pueden enfrentarse a:

• Fórmulas de cálculo poco transparentes, que vinculan la cuantía de la tasa a parámetros ajenos a la generación efectiva de residuos, como la superficie del inmueble o el valor catastral o estableciendo zonas de generación homogéneas, en las que se agrupan contribuyentes con criterios genéricos —como el uso catastral o la localización del inmueble—, en lugar de atender a la producción real de residuos de cada actividad o instalación.
• Diferencias entre municipios, que complican la planificación fiscal y presupuestaria.
  Ante esta situación, resulta imprescindible analizar en detalle cada ordenanza municipal, así como los fundamentos económicos y jurídicos que sustentan la tasa o prestación patrimonial, con el fin de detectar posibles defectos de forma o de fondo —tales como la falta de motivación o la utilización de criterios de reparto inadecuados— que podrían justificar su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Oportunidades para reducir costes y ganar eficiencia con la Tasa de Residuos

Pese a las disfunciones existentes en la aplicación actual del nuevo marco, este también representa una oportunidad estratégica para las empresas. La ausencia de jurisprudencia consolidada sobre la interpretación del artículo 11 de la Ley 7/2022 abre un espacio de actuación propicio para reclamar la devolución de ingresos indebidos derivados de ordenanzas mal diseñadas o, en su caso, para impulsar modelos fiscales más equitativos, transparentes y sostenibles en materia de gestión de residuos.

Las compañías que actúen ahora no solo podrán optimizar su carga tributaria, sino también posicionarse como referentes en sostenibilidad y cumplimiento normativo, anticipándose a la evolución futura del sistema.

¿Cómo te podemos ayudar desde Ayming?

El nuevo marco normativo supone un reto, pero también una oportunidad para mejorar la eficiencia en la gestión fiscal y ambiental. Nuestros expertos en optimización de impuestos locales ayudan a nuestros clientes a convertir la complejidad normativa en ahorro real, combinando nuestra experiencia en fiscalidad local con un profundo conocimiento de la normativa vigente.

Desde Ayming, acompañamos a las empresas en todo el proceso, ofreciendo un análisis técnico y jurídico integral que permite:

• Verificar la adecuación legal de la tasa de basuras aplicada por cada ayuntamiento.
• Identificar posibles irregularidades en los criterios de cálculo o en la memoria económico-financiera que la sustenta.
• Evaluar la viabilidad de una impugnación, con el objetivo de recuperar pagos indebidos o ajustar las cuotas futuras.
• Definir una estrategia preventiva para anticiparse a futuras actualizaciones o revisiones normativas.

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