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¿Que Dice El Informe sobre España 2020 De La Comisión Europea Sobre La I+D De España?

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Noticias
marzo 16, 2020

Falta mucho por hacer, este informe de la Comisión Europea nos pone rojos los cachetes.

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Aunque los últimos años han sido de crecimiento económico y creación de empleo, todavía no se han superado algunas de las deficiencias estructurales heredadas de la crisis. Sigue existiendo una gran deuda interna y externa, tanto pública como privada. Pese a su decrecimiento, la tasa de desempleo es alta y hay mucha precariedad laboral.

No ayuda a la eficiencia económica la escasa innovación en muchas empresas y comunidades autónomas, las barreras de mercado, la segmentación del mercado laboral y las carencias en materia de capacidades profesionales.

La economía española está en una senda de moderación del crecimiento. Y se prevé que siga disminuyendo hasta el 2021. Sin embargo se prevé que baje el desempleo.

Apoyar el crecimiento, la productividad y la transformación ecológica a través de la inversión pública tendría efectos indirectos positivos en otros Estados miembros. Invertir en el fomento de las
capacidades, la investigación y la innovación y abordar los retos de la energía, la gestión del agua, las emisiones de carbono y el cambio climático, contribuiría al crecimiento de España y aumentaría la productividad a la vez que facilitaría la transición ecológica.

España ha realizado avances limitados en el seguimiento de las recomendaciones específicas por país:

  • Avances registrados:
    • Se están aplicando medidas de ámbito central y autonómico para modernizar y aumentar la capacidad de los servicios públicos de empleo y para mejorar su cooperación con los servicios sociales. En algunas comunidades autónomas persisten las debilidades.
  • Avances limitados registrados:
    • No se ha reforzado el marco institucional que rige la gestión de las finanzas públicas. Las recomendaciones derivadas de los análisis de gastos por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF), si se aplican, podrían dar mayor eficiencia y eficacia al gasto público en varios ámbitos.
    • Aún no ha entrado plenamente en funcionamiento la estructura de gobernanza para la contratación pública recientemente creada. Se ha retrasado la adopción de la estrategia nacional de contratación pública prevista para todo el ámbito nacional en 2018.
    • Los esfuerzos por reducir el recurso a contratos temporales en el sector privado están teniendo un éxito limitado. Las medidas se han centrado en luchar contra los abusos, y no en las causas profundas de la generalización de los contratos temporales. El actual estudio de la eficacia de los incentivos a la contratación podría indicar posibles vías de reforma.
    • El Gobierno aún no ha tomado medidas para simplificar el sistema nacional de asistencia por desempleo. En muchas comunidades autónomas sigue siendo escasa la cobertura y la adecuación de los regímenes autonómicos de renta mínima. Son positivas las medidas tomadas en 2019 para mejorar el apoyo a las familias, aunque solo puedan tener un impacto muy limitado en cuanto a reducción de la pobreza.
    • La nueva estrategia para la educación y la formación profesionales contempla medidas para mejorar el atractivo y la calidad de la formación profesional de grado medio cuya aplicación podría contribuir a reducir el abandono escolar prematuro y a paliar la falta de capacidades técnicas en el mercado laboral.
    • Ha habido avances limitados en cuanto a fomento de la innovación, eficiencia energética y en el uso de recursos y desarrollo de infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías. Han sido modestas las mejoras en la financiación y gobernanza del sistema de investigación e innovación. En relación con las interconexiones de electricidad con los países vecinos, se está trabajando, pero hay que seguir avanzando.
    • La Ley de garantía de la unidad de mercado sigue siendo un instrumento importante para fomentar la mejora de la legislación y subsanar la fragmentación del mercado, pero su aplicación avanza con lentitud.

El cuadro de indicadores sociales que sustenta el pilar europeo de derechos sociales indica que existen una serie de retos. La tasa de empleo es baja, con jóvenes que no estudian ni trabajan.

Ha habido algunos avances hacia la consecución de las metas nacionales de la Estrategia Europa 2020. Se ha reducido un poco el porcentaje de personas en riesgo de pobreza. Sigue habiendo importantes carencias en la tasa de empleo y la tasa de abandono escolar prematuro.

España lleva camino de alcanzar sus metas en materia de energías renovables, aunque serán necesarias nuevas inversiones, pero aún no está en vías de cumplir sus metas de eficiencia energética y e inversión continuada, sobre todo en los edificios. Han sido escasos los avances hacia el cumplimiento de las metas de inversión en I+D.

España avanza hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los más evidentes corresponden al ODS 3 «Salud y bienestar». También se han registrado mejoras moderadas en otros muchos ODS. Con todo, algunos de los indicadores subyacentes son considerablemente inferiores a la media de la UE (porcentajes de abandono escolar prematuro, personas en riesgo de pobreza, investigación e innovación, percepción de la corrupción, reciclaje de residuos municipales, degradación del suelo, agua, etc.).

Las principales conclusiones del examen exhaustivo contenido en el presente informe y los retos que de ellas se derivan son los siguientes:

  • Los pasivos exteriores netos de España disminuyeron aún más. Gracias a un fuerte crecimiento del PIB y al mantenimiento del superávit de la balanza por cuenta corriente, los pasivos exteriores netos de España han seguido disminuyendo a un ritmo constante, aunque siguen representando algo menos del 80 % del PIB en T2-2019.
  • Aunque sigue siendo elevada, ha seguido reduciéndose la deuda privada. Se estima que la deuda privada total bajó al 132 % del PIB en T2-2019. Sin embargo, se ha ralentizado el ritmo de reducción de la deuda tanto de las sociedades no financieras como de los hogares.
  • La ratio deuda pública/PIB ha seguido disminuyendo lentamente, aunque todavía es muy alta. Se espera que la deuda pública bruta disminuya ligeramente, pasando del 96,7 % del PIB en 2019 al 96,0 % en 2021, debido principalmente al impulso del crecimiento del PIB. El déficit público de España se mantiene en valores persistentemente elevados, ya que el nivel de imposición es bajo en relación con los gastos.
    Los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria global siguen siendo significativos a medio y largo plazo. En particular, el Gobierno tiene previsto volver a vincular de forma permanente las pensiones al índice de precios al consumo y disociar los niveles iniciales de las pensiones de los cambios en la esperanza de vida; a falta de medidas compensatorias adecuadas, la medida aumentaría significativamente el gasto en pensiones a medio y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional. Esto ocurre en un contexto en el que se espera que la futura adecuación de las pensiones sea, por término medio, superior a la de la UE, y en el que la pobreza afecta principalmente a los grupos de menor edad, incluidos los niños.
  • Pese a su rápida disminución en años recientes, sigue siendo muy alto el nivel de desempleo. La Comisión prevé que la tasa de desempleo siga disminuyendo, hasta el 12,8 % en 2021. Hay mucho desempleo sobre todo entre los jóvenes y los trabajadores poco cualificados. Los nuevos planes de acción para mejorar el apoyo a los desempleados jóvenes y de larga duración se centran en reforzar la capacidad de los servicios públicos de empleo. El aumento del 22,3 % del salario mínimo en 2019 ha elevado los costes laborales, sobre todo en determinados sectores y comunidades autónomas. Aún no se ha cuantificado su impacto en el empleo ni en la pobreza laboral. Entretanto, se ha acordado un nuevo aumento en 2020 y se han anunciado nuevos  aumentos hasta 2023. El nuevo Gobierno también ha anunciado su intención de revisar ciertos aspectos de la reforma del mercado laboral de 2012, la cual es sabido que favoreció una fuerte creación de empleo durante la recuperación.
  • El amplio recurso a la contratación temporal es una rémora para el crecimiento de la productividad y contribuye a la desigualdad y la pobreza laboral. La proporción de trabajadores con  contrato temporal es la más alta de la UE, en torno al 26 %. Esto tiene un impacto negativo en la formación de capital humano, lo que impide un crecimiento más rápido de la productividad laboral. Los contratos temporales, cada vez más cortos, son habituales incluso en sectores de escasa estacionalidad. Los subsidios al empleo no son eficaces para fomentar un empleo estable.
  • El crecimiento de la productividad laboral ha sido relativamente escaso en los últimos años. En 2018 y 2019 llegó a disminuir ligeramente. Sin embargo, en líneas generales, la productividad  total de los factores aumentó de forma similar a la media de la UE.

Otras cuestiones estructurales clave analizadas en el presente informe, que apuntan a desafíos concretos a los que se enfrenta la economía española, son las siguientes:

  • En todas las comunidades autónomas, los resultados de España en materia de innovación están por debajo de la media de la UE La innovación adolece de una falta de inversión pública y  privada en I+D, y sigue planteando dificultades la coordinación de las políticas de investigación e innovación en los distintos niveles de la administración. La falta de cooperación entre el  mundo académico y las empresas dificulta la difusión de los conocimientos. La innovación empresarial se ve lastrada por la baja capacidad de absorción de las pequeñas empresas. La  fragmentación de la reglamentación entre las comunidades autónomas también hace más difícil la expansión de las empresas. Las barreras normativas siguen restringiendo la competencia en determinados servicios profesionales y en el sector detallista. Una aplicación más eficaz de la Ley de garantía de la unidad de mercado favorecería la competencia y la mejora de la legislación y reduciría la fragmentación normativa.
  • El bajo rendimiento de la economía en materia de innovación también tiene que ver con la escasez de capacidades técnicas. Las elevadas tasas de abandono escolar prematuro perjudican a la  igualdad de oportunidades y contribuyen a la alta proporción de trabajadores poco cualificados entre la población. El escaso atractivo de la educación y la formación profesionales aumenta la  escasez de capacidades técnicas de niveles medio a alto. Sigue siendo difícil la transición de la escuela al trabajo, ya que las oportunidades de empleo son limitadas y a menudo de baja calidad.  Al mismo tiempo, la economía no crea suficientes empleos altamente cualificados, lo que refleja su escasa dinámica de innovación.
  • España está mejorando en materia de digitalización, pero el escaso número de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación y la lenta adopción de las tecnologías digitales  por parte de las pequeñas y medianas empresas impiden aprovechar plenamente su potencial. Las microempresas, que representan una gran proporción de las empresas españolas, no pueden  provechar las ventajas de la digitalización tan fácilmente como las entidades más grandes. Las pequeñas y medianas empresas a menudo mencionan la escasez de especialistas en  tecnologías de la información y la comunicación como impedimentos a la hora de aprovechar mejor la tendencia a la digitalización. Hay margen para seguir mejorando los muy buenos  resultados de España en cuanto a prestación de servicios públicos digitales.
  • El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, pese a seguir disminuyendo, es aún elevado, sobre todo en el caso de los niños. Los retos del mercado laboral y los escasos  efectos de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza figuran entre los principales riesgos de pobreza o exclusión social para los niños en la UE. La debilidad de los regímenes de  garantía de ingresos y de las prestaciones familiares limita el efecto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza. En todo el país, se estima que los regímenes autonómicos de  renta mínima solo llegan al 20 % de sus beneficiarios potenciales, y con fuertes disparidades entre comunidades autónomas. Aunque las tasas de fecundidad están muy por debajo del umbral  e renovación generacional, las prestaciones familiares en España siguen siendo las más bajas de la UE, y solo llegan a la mitad de los niños en riesgo de pobreza o exclusión, ya que los  estrictos umbrales de control de recursos para las prestaciones por hijos dan lugar a un ajo nivel de cobertura, y las deducciones  fiscales aportan limitados beneficios a las familias con bajos ingresos.
  • Al estar incompletas las conexiones para el transporte de energía y mercancías por ferrocarril, España no puede aprovechar plenamente el mercado único de la UE. Los avances en las  interconexiones eléctricas con sus vecinos europeos ayudarían a España a alcanzar la meta de interconexión para 2030 (lo que permitiría transportar a través de las fronteras al menos el 15 %  e la electricidad producida por sus centrales eléctricas a los países vecinos). También debe invertirse para que puedan transportarse más mercancías por ferrocarril. En particular, hace  alta apoyo para avanzar en las conexiones con Francia y Portugal y con los puertos y centros logísticos.
  • España es uno de los Estados miembros más expuestos al cambio climático. Se requieren inversiones en adaptación al cambio climático, prevención de riesgos y resiliencia ante las catástrofes. Hay diferencias entre territorios en materia de infraestructuras de gestión del agua y los residuos que suponen importantes retos medioambientales. En algunas zonas urbanas, también hay problemas de calidad del aire. Al mismo tiempo, en España los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales siguen estando entre los más bajos de la UE.
  • Nuevas medidas podrían acelerar la transición hacia una movilidad limpia y sostenible, la descarbonización de la energía y el aumento de la eficiencia energética, sobre todo a nivel de  edificios y distritos. Si no aplica las ambiciosas políticas esbozadas en el proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, España incumplirá inevitablemente sus metas de emisiones  de CO2 para 2030. El sector en el que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo más es el del transporte. Para reducir la actual dependencia del transporte de mercancías  por carretera, las inversiones deben centrarse en un mejor uso del sistema ferroviario.
  • La propuesta de la Comisión de un Mecanismo para la Transición Justa en el próximo marco financiero plurianual para el período 2021-2027 contempla un Fondo de Transición Justa, un  régimen específico de transición justa englobado en InvestEU y un nuevo instrumento de préstamos al sector público creado en asociación con el BEI. Al ayudar a las regiones más afectadas  en  España a abordar las consecuencias sociales y económicas de la transición, su objetivo es garantizar que la transición hacia la neutralidad climática de la UE sea justa. En el anexo D se enumeran las prioridades clave a las que debe destinarse el apoyo del Fondo de Transición Justa, basadas en el análisis de los retos de transición descritos en el presente informe.
  • Persisten los retos en materia de cohesión territorial. Existen disparidades entre las comunidades autónomas en materia de empleo, resultados educativos, índices de abandono escolar  prematuro, pobreza y desigualdad. Pese a una mejora significativa de la infraestructura digital, persiste la brecha entre zonas urbanas y rurales. Al mismo tiempo, España se enfrenta a problemas de envejecimiento y despoblación en las zonas rurales, así como a presiones demográficas en las grandes zonas urbanas.  Una coordinación reforzada y sostenida entre las  administraciones nacionales, autonómicas y locales permitiría aplicar las políticas con mayor eficacia. Es clave la coordinación entre los distintos niveles de la administración, lo que sigue  planteando dificultades en ámbitos en los que tanto la administración nacional como las administraciones autonómicas están involucradas en las reformas. Se trata, por ejemplo, de la mejora  e la legislación y la aplicación de las normas del mercado interior, así como las políticas activas del mercado de trabajo, la educación, la atención sanitaria y los servicios sociales.

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